La reciente orden gubernamental en la República Democrática del Congo (RDC), que prohíbe las exportaciones de concentrados de cobre y cobalto para forzar su procesamiento nacional, nos sitúa frente a una disyuntiva. Bajo el discurso oficial de la «industrialización local» y la «retención de valor», el Estado congoleño intenta reclamar una autonomía que le ha sido históricamente arrebatada; en este momento, en aras de satisfacer las necesidades que implica la transformación energética y la digitalización global.
Sin embargo, al observar el alcance y las contradicciones de esta medida, es necesario cuestionar si estamos ante un cambio estructural o si, por el contrario, nos enfrentamos a un ajuste superficial dentro de una maquinaria extractivista que ha configurado al estado como una periferia dependiente desde la época colonial hasta la actualidad.
En el primer trimestre de 2026, el Congo exportó 696,725 toneladas de cátodos de cobre frente a solo 53,926 toneladas de concentrados. (Para entender esta brecha, es necesario señalar que, como menciona Gajardo, mientras los concentrados son apenas el mineral triturado con una pureza baja que requiere procesos externos de fundición, los cátodos son láminas de cobre casi puro listas para su uso industrial). Esta disparidad sugiere que la prohibición impactará de manera mínima a las grandes corporaciones extranjeras que ya controlan la infraestructura de fundición. Aquí radica la contradicción fundamental, el sistema está diseñado para que la «nacionalización» del valor agregado siga beneficiando, en última instancia, al capital extranjero, mientras que las poblaciones locales continúan siendo despojadas.
Los países desarrollados exigen estos minerales para la transición energética y la digitalización, mientras el Sur Global paga el costo con su territorio, su estabilidad y la erosión de sus capacidades. Aunque la transición energética suele presentarse bajo el discurso de ser una alternativa «limpia» y necesaria para enfrentar la crisis climática, dicha narrativa oculta que su implementación descansa sobre procesos extractivos que generan profundas afectaciones ambientales y sociales en los territorios donde se obtienen los minerales estratégicos.
Esta “solución” frente a la crisis climática se sostiene sobre la externalización de sus costos ecológicos y humanos hacia los países periféricos, reproduciendo las mismas lógicas de explotación y desigualdad que históricamente han caracterizado al sistema internacional. ¿Es posible industrializarse bajo los mismos parámetros que consolidaron la asimetría? La historia sugiere que no, mientras las reglas del juego sigan dictadas por centros de poder externos, el Congo corre el riesgo de seguir siendo un engranaje subordinado del sistema económico.
El contexto en el este del país complica este escenario. Mientras el gobierno intenta regular la exportación industrial, el grupo M23 opera en la región facilitando una extracción artesanal y rudimentaria de minerales, los cuales, según informes de Naciones Unidas, son exportados ilegalmente a través de Ruanda. Este esquema no es casual, ya que permite que algunos actores lucren mientras las comunidades locales quedan atrapadas en esta dinámica, arriesgando sus vidas en minas informales sin ningún tipo de protección ni beneficio para el bienestar nacional.
La prohibición actual ignora a quienes trabajan bajo condiciones precarias para la extracción de minerales. El Estado congoleño busca fortalecerse, pero descuida a los sectores más precarizados que son, precisamente, quienes sostienen con su fuerza de trabajo la base del despojo extractivo.
Por otro lado, esta medida no cuestiona la estructura del pensamiento colonial. Se nos convence de que la prosperidad solo es posible mediante la integración en cadenas de valor que, por diseño, mantienen a los países del sur en una posición de subordinación. Romper con este discurso implica entender que el «progreso» no debe medirse únicamente por la capacidad de procesar minerales, sino por la capacidad de recuperar el control sobre su territorio y sus formas de desarrollo.
El neocolonialismo no se limita a la exportación de materias primas; se perpetúa en una lógica donde el Estado funciona como un gestor de recursos para un sistema global que ignora sus conflictos internos. Es imposible que una medida administrativa modifique la funcionalidad del sistema, pero es un indicio de la tensión existente entre la necesidad de desarrollo y las presiones del mercado global. En contraste, una reconfiguración radical de la posición impuesta por los sujetos dominantes en el capitalismo tiene que poner la dignidad de la población (incluyendo a aquellos atrapados en la minería informal) en el centro.
